
Esto es muy grave y demuestra a qué nivel se encuentra el sentido moral de algunos de nuestros políticos. Ante estas declaraciones del portavoz y conseller Rafael Blasco, y en el caso de que el presidente Camps fuera condenado.
Blasco lo pone en duda porque según él se trata de “un tema que no tiene ninguna trascendencia penal, y de lo que se le está acusando hasta ahora es una cosa menor”, ante esto, repito, a los valencianos y creo que a todos los españoles en general se les plantean varias interrogantes. Una: ¿Es una cosa menor como afirma Blasco? Dos: ¿Qué puede haber en el fondo del armario, detrás de los trajes? Tres: ¿Los chorizos al poder? Cuatro: ¿España es Italia? Cinco: ¿El prototipo de nuestros políticos es Berlusconi?
Pero no acaba aquí la cosa, Blasco también ha dicho que instituciones del Estado como la Fiscalía y la Policía están “actuando de forma sectaria frente a dirigentes del PP sin respetar en muchas ocasiones requisitos básicos del Estado de Derecho” calificando esto como “una campaña orquestada a instancias del Partido Socialista”. Ante estas críticas de Blasco surgen dos interrogantes más. Una: “¿Es que la Justicia es un estercolero? y dos: ¿Lo Fiscalía y la Policía son meros instrumentos manejados por el Gobierno?
Yo creo que todo esto encierra la gravedad suficiente como para que desde lo más alto del Partido Popular le exijan a Blasco, que rectifique. No se puede consentir que se hable de este modo dando a entender que aquí todo y todos valen cuando no es así. Aquí vale todo lo que discurra por los cauces morales y normales que deben observar los políticos y todos no valen cuando hayan sido condenados por la Justicia, para seguir ejerciendo como representantes del pueblo, porque…. ¿Qué clase de ciudadanos seríamos si consintiéramos ser gobernados por políticos corruptos y condenados?
Si como afirma Rajoy, de que va a “defender a España”, que empiece de defendernos de políticos que como Blasco creen que todo es lícito y que hay que anteponer los intereses personales ilegítimos a los intereses de los ciudadanos que tienen el derecho a ser gobernados por políticos fuera de toda sospecha.